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Jorge Laporte Restrepo

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Municipio ‘le madruga’ a control de publicidad política

A través del Comité de Seguimiento Electoral, el Municipio ‘le madrugó’ al control de la publicidad política, que está autorizada tres meses antes de las elecciones regionales, que realizarán el próximo 25 de octubre.

La sectorial encargada de la vigilancia será la Secretaría de Gobierno, que articulará acciones con la Registraduría y los partidos políticos, para que la contienda democrática no se transforme en un ‘tsunami’ de contaminación visual.

“El objetivo del Comité Electoral es regular el tema de la publicidad política, que los diferentes movimientos y representantes de partidos se comprometan a no empapelar la ciudad y que  sólo sea instalada en los sitios autorizados y la cantidad que se determine en los comités”, dijo Carlos Mario Céspedes Torres, responsable de Gobierno.

La violación a lo dispuesto en la ley contempla duras amonestaciones económicas.

 

Amonestaciones

Las sanciones a las que se verían expuestos los políticos que incumplan las medidas, van de multa de uno a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la instalación de publicidad en sitios no autorizados.

Además, si vencido el plazo establecido para remover la propaganda electoral en espacio público, el movimiento o partido no lo hace, el Municipio procederá a retirarla a costa del infractor, quien deberá cancelar $20 mil por cada pasacalle retirado, $15 por cada pendón retirado, $100 mil por cada valla retirada y $10 por cada afiche retirado.

La publicidad puede ser instalada en recintos destinados a la presentación de espectáculos públicos, paraderos de los vehículos de transporte público y demás elementos de amoblamiento urbano; y donde no se puede instalar es en las áreas que constituyen espacio público, donde lo prohíban los Concejos, como inmuebles destinados a vivienda y que estén en control y preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del Municipio, en la propiedad privada sin el consentimiento del propietario o poseedor y sobre la infraestructura, tales como postes de apoyo a las redes eléctricas y telefónicas, puentes, torres eléctricas y cualquier otra estructura de propiedad del Estado.

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