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Jorge Laporte Restrepo

Jorge Laporte Restrepo

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Drama de familias indígenas que fueron doblemente desalojadas en Valledupar

Valledupar 

A Víctor Manuel Maestre Arias la violencia lo sacudió de su natal población La Mina, un corregimiento al norte de Valledupar. Hace 22 años migró a la zona urbana, tratando de esquivar las injusticias sociales que le golpeaban el pecho a su etnia kankuama.

El conflicto armado le permitió salir solo con lo que tenía puesto, fue testigo de cómo asesinaron a uno de sus amigos y la precariedad de su suerte no lo llevó a más que invadir predios del Municipio en una ciudad a la que se acostumbró a vivir.

Hoy, Víctor Manuel es protagonista de una historia que lo vuelve a dejar sin techo, sin paz, sin nada. Hace un año la Alcaldía lo desalojó de la margen derecha de la acequia Las Mercedes, ubicada al noroccidente de la ciudad. Le dieron tres meses en un albergue, quizás como compensación a la dignidad.

Una acción de tutela le dio un aliento. El Municipio debió otorgarle otros nueve meses en el mismo albergue, mientras le definía, totalmente y en cumplimiento a sus derechos, una vivienda digna.

Matilde Maestre Montero, una de las hijas de Víctor Manuel, sostiene que el tiempo de albergue finalizó y el Municipio no cumplió con la entrega de la vivienda. La justificación que recibieron es que su anciano padre, supuestamente, tiene a su nombre unas propiedades en el barrio Novalito, pero sin dirección ni registro. Ni siquiera en La Mina tiene algo a su nombre, porque todo es un resguardo kankuamo.

La tarde que Víctor Manuel ‘capoteó’ el destino y retó al futuro salió con sus hijos de la mano, hoy convertidos en hombres citadinos, en esposos y en padres. Víctor es un compungido abuelo, pero cargado de malicia.

Precisamente, Maricarmen Oñate asegura que en el lugar que invadieron a la orilla del riachuelo habían varias familias, pero que solo desalojaron a las que se desprenden del tronco genealógico de Víctor Manuel Maestre Arias. De quienes fueran sus vecinos advierte que allá permanecen como dueños de locales comerciales, viviendas de material y una inmunidad que les baña.  

Mientras tanto, a las afueras de la Alcaldía de Valledupar, Víctor Manuel espera que el alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía le permita unos minutos de diálogo, una solución que reconforte sus vetustos días y que llene de esperanza sus manos, porque volvió a quedar sin nada, como cuando las balas lo hicieron huir.  

Concejales iniciaron sesiones extraordinarias reclamando inversión en los corregimientos

Valledupar 

La falta de inversión en veredas y corregimientos fue el punto más crítico de los concejales de Valledupar, al iniciar el periodo de sesiones extraordinarias para el que fueron citados por el gobierno municipal.

El primero en alzar la voz fue el concejal Yesith Triana Amaya, quien cuestionó al secretario de Obras, Juan Pablo Morón Riveira. Al funcionario le reclamó por el deterioro de las vías rurales, a pesar de que no hay invierno, por lo que lo conminó a buscar la maquinaria necesaria para beneficiar a esas poblaciones.

El también concejal Alex Pana Zárate hizo el coro a su colega Triana y criticó que algunos secretarios no conocen los corregimientos y actúan solo en la zona urbana, por lo que comparó el tema con la belleza femenina: “de nada sirve una mujer bien maquillada por fuera y por dentro no sea lo que debe ser”.

El también concejal Wilber Hinojosa Borrego felicitó el interés del gobierno de Augusto Daniel Ramírez ‘Tuto’ Uhía de construir obras de impacto para el municipio, como los cinco proyectos estratégicos, sin embargo lamentó que no podrán solucionar los problemas de los corregimientos.

Por su parte, el concejal Jaime Bornacelly cuestionó el gabinete del mandatario local y señaló que se esperaba por parte de la comunidad otro tipo de movimientos, que espera sean ajustados a tiempo.

Procuraduría volvió a tumbar sanción de la Personería de Codazzi contra gerente del hospital

Codazzi 

La Procuraduría Regional del Cesar, actuando como segunda instancia, determinó revocar una nueva suspensión de la Personería en contra de la gerente del hospital de Codazzi, Amalia Rosa Mejía Díaz.

El Ministerio Público ordenó, además, al alcalde de Codazzi, Luis Peñaloza, el reintegro inmediato a Mejía Díaz a su cargo, contrariando lo expuesto en el auto de la Personería emitido el 24 de julio de 2017.

La suspensión por tres meses se había generado porque el alcalde de Codazzi le informó al personero sobre el presunto conflicto de intereses que había en un contrato firmado por la gerente del hospital y la Asociación Sindical Nacional de Ejecutores de la Salud, para enviar pacientes a exámenes médicos en Previsalud IPS, siendo el representante legal el esposo de Amalia Rosa.

Es la segunda oportunidad en que la Procuraduría Regional del Cesar revoca una suspensión en contra de la gerente del hospital de Codazzi. En la primera ocasión, la misma Personería ordenó su separación del cargo por tres meses, a partir de la queja presentada por el alcalde Luis Peñaloza, por no presentar un informe a tiempo a la junta directiva. 

Estudiantes del Cesar elevaron sus críticas al sistema educativo, desde Codazzi

Codazzi 

Los estudiantes del Cesar hicieron público su descontento con el sistema implementado por el gobierno departamental, en materia de estímulos para que los bachilleres asuman de inmediato el paso a la educación técnica, tecnológica o profesional.

En un foro desarrollado sobre el tema en Codazzi quedaron planteadas las debilidades del modelo educativo departamental, sumado a las falencias de estímulos nacionales como el programa Ser Pilo Paga.

Karla Guerra, críticas sobre el tema, sostiene que “solo el 34% de los jóvenes que terminan la educación media ingresan inmediatamente a la educación superior, eso es muestra suficiente para decir que es dramática la situación y a eso sumado la desidia del gobierno frente a la universidad y las burlas a las que somos sometidos semestre tras semestre con Fedescesar”.

En particular, los universitarios adscritos a la Universidad Popular del Cesar se sienten mofados por la falta de fondos de cada semestre para los créditos condonables de Fedescesar.  

Ante ello, Guerra indica que “ni el gobierno nacional, ni el departamental, han asumido con verdadera responsabilidad la situación de la educación superior, la cobertura es corta, y la tasa de deserción, para instituciones técnicas y tecnológicas, es más del 60% y para universidades más del 47% a nivel regional”.

Karla Guerra en su exposición advierte que la política bajo la que están hoy los estudiantes del Cesar “es la misma que se aplica en el ámbito nacional: El endeudamiento, si usted quiere estudiar pues acceda a un crédito educativo y ya sabemos lo qué es lo que eso implica”.

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