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Cacica Stereo

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Condenan fiscalmente a Secretario Jorge Eliécer Araújo por sobrecostos en el PAE

Bogotá, 28 de agosto de 2018.- 

Por irregularidades evidenciadas en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento del Cesar, la Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $1.723 millones de pesos contra el entonces Secretario General de la Gobernación de este departamento, Jaime Luis Fuentes Pumarejo (quien hoy desempeña el mismo cargo), y el entonces secretario de Educación Departamental, Jorge Eliecer Araujo Gutiérrez (quien también ocupa actualmente la misma posición).

Al igual que contra los miembros del consorcio contratista Alimentando Un Cesar Más Educado (la Fundación KÁBALA -hoy Fundación ACSI-, la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar y la Corporación Corazón País)

Por tratarse de una decisión de segunda instancia, el fallo condenatorio hace tránsito a Cosa Juzgada Fiscal, por lo que se trata de una decisión en firme que obliga a los condenados antes mencionados, ya que contra dicha providencia no proceden más recursos.

Es de resaltar que el proceso de responsabilidad fiscal se abrió el 12 de enero de 2017 y se falló en segunda instancia el 23 de agosto del 2018.

El contrato cuestionado

Se trata del contrato suscrito el 15 de enero de 2015 por la Gobernación del Cesar, con el Consorcio Alimentando un Cesar Más Educado, conformado por la Fundación KÁBALA, representada entonces por María Angélica Araujo Noguera; la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, representada entonces por Ivis del Carmen Rosado Robles; y la Corporación Corazón País, representada entonces por María I. Pacheco Izquierdo.

Dentro del consorcio, la Fundación KÁBALA tenía un 50% de participación; la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar tenía un 40% de participación; y la Corporación Corazón País se presentó con el restante 10% de participación.

El objeto del contrato suscrito entre las partes era la “prestación de servicios de alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana del departamento del cesar (sic), acorde a los lineamientos técnico administrativos y estándares del programa de alimentación escolar – PAE[1].

El valor inicial del contrato se acordó en la suma de $23.538 millones y tendría un plazo de ejecución de 81 días del calendario escolar. El valor pactado por ración para Complemento Alimenticio en la Jornada de la Mañana se estableció en $1.760, y el del Almuerzo en $2.330.

Sin embargo, el Anexo N° 02 de los estudios previos del contrato, preveía el valor del IPC, con un porcentaje del 4,4%, dentro de los criterios para la determinación del valor de la ración. De igual forma el cálculo incluyó un 5% para imprevistos, contemplando expresamente que dicho rubro se pagaba para prever cualquier alza en los precios de los alimentos. Se contempló también en el contrato otro 5% de utilidad.

Quiere decir lo anterior, que se calculó el precio de las raciones alimentarias incluyendo no sólo un 4,4% de incremento a partir del I.P.C., sino que la Gobernación pagó un 5% adicional previendo eventuales alzas de precios.

El criterio entonces para establecer la actualización o revisión de los precios del contrato auditado por la Contraloría generó un reconocimiento adicional a favor del contratista, quien recibió tanto el 4,4% por concepto de IPC, como un 5% por concepto de imprevistos, con lo que se duplicó así la suma contemplada como utilidad del contrato.

Durante su ejecución, el contrato fue sujeto de adiciones y modificaciones en valor y tiempo, quedando al final por $35.161 millones, después de una adición en dinero por $11.623 millones y 40 días en el plazo.

Al revisar la Contraloría la ejecución financiera del contrato, así como el Acta de Liquidación del mismo, se evidencia que al momento de la terminación del contrato al operador del Programa se le habían pagado por parte de la Gobernación más de $34.632 millones, de los cuales la Contraloría estableció en $1.261 millones la cuantía del hallazgo fiscal por el detrimento patrimonial causado por este concepto.

Se contrató a precios muy superiores a los contratados por Mineducación

Dentro del proceso, la Contraloría analizó las circunstancias especiales del PAE, evidenciando como para la misma vigencia investigada, el Ministerio de Educación Nacional había contratado las mismas raciones a un precio de $943 para la jornada de la mañana y $1.282 para almuerzos, precios y condiciones que habrían sido de conocimiento de los contratistas de la Gobernación condenados por este proceso.

Los costos manejados por el Ministerio de Educación Nacional en similares circunstancias de tiempo, modo y lugar, fueron muy inferiores a las finalmente contratadas por la Gobernación del Cesar para la vigencia 2015, a razón de $789 pesos de sobreprecio por ración de la jornada de la mañana, y de $1.010 de sobreprecio en almuerzos.

Pérdida adicional de recursos

De igual forma, el mencionado contrato 2015-02-0041 del 15 de enero de 2015, estableció un valor de $84 por concepto de estampillas para el complemento alimentario de la jornada de la mañana, y otro por $111 para el de almuerzos, lo que equivalía al 5,5% del costo parcial de cada ración.

Sin embargo, de conformidad con lo establecido en los propios estudios que hicieron parte de la contratación, se había determinado que el porcentaje destinado a estampillas no superaría el 4,5% del valor de la ración, por lo que dentro de la estructuración del costo por ración se produjo una sobreestimación en la tasación de la estampilla (del 1% del valor de la ración), recibidos por el contratista en exceso de lo previsto en los estudios del contrato.

Las deficiencias tanto en la planeación financiera del contrato, así como durante la ejecución del mismo, y que fueron evidenciadas por la Contraloría General de la República, llevaron a una pérdida adicional de recursos en cuantía superior a los $203 millones de pesos, dineros que se hubieran debido invertir en el mejoramiento de la calidad de las raciones entregadas.

Si no se hubiera computado el 4,4% del IPC, ni el valor de más por las estampillas del 1%, el precio de las raciones hubiera oscilado entre $1.681 para la jornada de la mañana, y $2.225 para almuerzos, todo esto sin considerar la sobreestimación de los precios al compararlos con las tarifas contratadas por el Ministerio de Educación Nacional.

"NO al fracking" dice Contralor Maya

Bogotá D.C., 28 de agosto de 2018.- 

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, consideró hoy que el país no está suficientemente preparado para mitigar los riesgos y afectaciones de técnicas de explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, como el fracking, y confió en que el Gobierno Nacional establezca como mínimo una moratoria (o suspensión) en la aplicación de la misma.

Según el jefe del organismo de control, actualmente no se cuenta con los términos de referencia ambientales para la explotación mediante dicha técnica.

“Si bien el país tiene un potencial recuperable de este tipo de recurso natural, aún falta información técnica precisa, dado que persisten vacíos en estudios de detalle y datos insuficientes sobre la línea base ambiental, que permitan eventualmente promover su aprovechamiento de manera sostenible, principalmente frente a los riesgos de afectación del recurso hídrico superficial y subterráneo, junto al adecuado manejo de los riesgos asociados a esta técnica”, aseguró el Contralor Maya Villazón al instalar el Seminario Internacional “Control Fiscal Ambiental para el Desarrollo Sostenible”.

Maya Villazón fue más allá e indicó que “Ante esta debilidad institucional, sumada la insuficiencia de información para la toma de decisiones y los grandes riesgos de afectación ambiental, se esperaría que el Gobierno Nacional actuara conforme al principio de precaución y estableciera, como mínimo una moratoria en la aplicación de este tipo de técnicas”.

Recomendó mantener esta moratoria hasta tanto el país cuente con la capacidad institucional y el conocimiento científico, así como una cartografía geológica de detalle y reciente que le permita a las entidades y los titulares de los contratos conocer las particularidades del territorio, acordes a su biodiversidad y las características del subsuelo en cuento a la tectónica y sismicidad.

Con ello, explicó, se reduciría la asimetría de la información con la que históricamente se han llevado adelante los proyectos en el país, con el propósito de afrontar los enormes riesgos ambientales inherentes a esta técnica. 

Ante estas incertidumbres ya algunos países han optado por declarar moratorias e incluso algunos definitivamente han prohibido la explotación de este tipo de yacimientos no convencionales mediante la técnica del fracking, recordó el Contralor Maya Villazón.

La alusión del Contralor al tema del fracking surgió luego de comentar como, ante la perspectiva de agotamiento de algunos recursos naturales no renovables, se han buscado opciones desesperadas en las cuales el país no está suficientemente preparado para mitigar los riesgos y afectaciones en recursos muy vulnerables e indispensables para la vida y la continuidad del desarrollo económico y social.

“Tal es el caso de las iniciativas para aplicar las técnicas de fracturamiento hidráulico para la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, llamada comúnmente fracking, la cual surge en distintos sectores como una opción muy llamativa para aumentar las reservas energéticas y mantener o incrementar los ingresos fiscales procedentes de las regalías”, subrayó.

Sombrío panorama ambiental

Según el Contralor Maya Villazón, los resultados del control fiscal ambiental que realiza la CGR, a través sus Auditorías, Estudios Sectoriales y Evaluaciones de Políticas Públicas, presentan un panorama sombrío y evidencian que el país transita por una senda de desarrollo que no es sostenible.

“El crecimiento observado en la economía colombiana no está fundado en la generación de valor, sino en el consumo depredativo de sus recursos naturales, en un proceso continuo de descapitalización de su patrimonio natural, el cual, pese a su gran riqueza, ya empieza a mostrar síntomas inequívocos de agotamiento”, sostuvo.

Maya Villazón mencionó al respecto varias situaciones preocupantes que ha detectado la Contraloría:

*Las reservas forestales se encuentran degradadas y disminuidas en su extensión, pasando de más de 65 millones de hectáreas a cerca de 40 millones de hectáreas de coberturas boscosas en la actualidad.

*Los ecosistemas de páramos aún no cuentan con la “protección especial” declarada en la Ley 99 de 1993, dicha norma.

*Se advierte una evidente debilidad institucional del Estado y particularmente de muchas entidades del Sistema Nacional Ambiental

*Son nefastos de los resultados de la política pública de bosques y de deforestación.

*Igual sucede con la política de mercurio y asbesto, que lleva en rezago varios años en su implementación; mientras la de gestión ambiental urbana, no ha funcionado como se esperaba.

*La minería ilegal, que es un 80% de la totalidad, viene produciendo daños irreversibles en fuentes hídricas y reservas forestales, modificando ecosistemas estratégicos y poniendo en riesgo sistémico, no sólo a los habitantes de las diferentes regiones sino a las poblaciones de fauna y flora, muchas de éstas en peligro de extinción.

*Es notoria también la ausencia de una institucionalidad fuerte y competente para aplicar instrumentos como la licencia ambiental, los planes de manejo ambiental, los estudios de impacto ambiental, el diagnóstico ambiental de alternativas y los planes de contingencia.

*Las compensaciones ambientales han perdido su verdadera esencia de reparación, y restauración de los daños provocados a los ecosistemas afectados, y en cambio, se han convertido, en un instrumento dilatorio de las responsabilidades de quienes afectan negativamente el ambiente.  Además, no se compensa en naturaleza sino en dinero

*Se suma a esto, que las autoridades ambientales no ejercen su poder sancionatorio. La Contraloría ha encontramos procesos con más de 8 años de inactividad, sin decisión de fondo, en tanto que el territorio está destruido.

*Es gris el panorama encontrado por la CGR en el desarrollo de las auditorías en materia ambiental, pues se han evidenciado serios problemas en el uso y destinación de los recursos recibidos por las autoridades ambientales, en particular las Corporaciones Autónomas Regionales.

 

Cuantiosas sumas de dinero provenientes de las transferencias del sector eléctrico, tasas retributivas y por uso del agua, sobretasa ambiental y porcentaje del impuesto predial no son invertidas en lo que debería ser, en detrimento de las condiciones de los recursos naturales.

El caso que más ha llamado la atención de la Contraloría, es la destinación de los recursos que superan $1.2 billones de pesos que tiene una de las Corporaciones Autónomas, que en vez de ser invertidos en lo ambiental se emplean para la generación de rendimientos financieros.

Entidades deben  cumplir sus responsabilidades ambientales

Luego de describir las situaciones anteriores, el Contralor Edgardo Maya Villazón hizo un llamado de atención fuerte a las ramas del poder público, para que las entidades asuman y cumplan cabalmente sus responsabilidades ambientales.

Se fortalece el control fiscal ambiental

Durante el desarrollo del Seminario Internacional “Control Fiscal Ambiental para el Desarrollo Sostenible”, el Contralor General recibió de parte del Embajador de Canadá, el Procedimiento Especializado de Auditoría a la aplicación del Principio de Valoración de Costos Ambientales.

Se trata de un instrumento metodológico financiado por la cooperación canadiense y desarrollado con el respaldo técnico-científico de la Universidad Nacional de Colombia a través de su Instituto de Estudios Ambientales, en estrecha colaboración con el equipo humano de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente.  

Este procedimiento facilitará que dentro de las actividades de control de competencia de la Contraloría General de la República, se evalúe si los gestores fiscales acatan el mandato de tener en cuenta, en sus procesos de toma de decisiones, las afectaciones y riesgos ambientales que derivan de la intervención tanto pública como privada, para asumir en consecuencia medidas de prevención, mitigación o compensación del daño ambiental que produce el desarrollo económico para asegurar que éste sea sostenible.

Así mismo, y gracias a la cooperación de la Unión Europea,  la Contraloría presentó el “Observatorio de Control Fiscal Ambiental y Posconflicto” que consiste en una plataforma virtual que incorpora, de una parte, la línea base de la principal información de carácter ambiental que ha producido la Contraloría en los últimos años, y de otra, diferentes interfaces de usuario que permiten cargar información procedente de las entidades públicas, con el fin de hacer más eficiente el control fiscal en materia ambiental.

Finalmente, se presentó el informe sobre el estado de los recursos naturales y del medio ambiente que rindió recientemente ante el Congreso de la República el Contralor Maya Villazón, en el cual se efectúa la evaluación del gasto público ambiental de la vigencia 2017 y se evalúan los logros y limitaciones del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno que acaba de concluir en cuanto a sus estrategias regionales

Exalcalde de Codazzi Efraín Quintero en la mira de la Contraloría

Bogotá, 24 de agosto de 2018.

La Contraloría General de la República imputó cargos en Proceso de Responsabilidad Fiscal, por un presunto detrimento patrimonial de $70 millones de pesos, contra el exalcalde de Agustín Codazzi (Cesar), Efraín Quintero Mendoza, por sobrecostos que pagó su administración en un convenio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) suscrito en el año 2015 con la Fundación de Programas Prevención y Nutrición Provenir.

El convenio fue financiado con recursos del municipio, cuando la Gobernación del Departamento del Cesar a su vez había suscrito contrato para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE, el cual incluía las instituciones educativas oficiales del municipio de Agustín Codazzi.

De manera simultánea y sin la debida planeación, el municipio prestó también este servicio.

Los sobrecostos se dieron al suscribir el municipio un convenio en donde el valor de la ración alimentaria resultó ser por un valor superior a los del contrato de la Gobernacion, el cual se ejecutó simultáneamente.

Por los hechos referidos, la CGR imputó también responsabilidad fiscal, contra el Secretario de Educación de la época, Raul Casimiro Bermudez Castilla, y los integrantes de la empresa contratista: la Fundación de Programas Prevención y Nutrición Provenir.

La decisión fue proferida por la Gerencia Departamental Colegiada del Cesar, mediante auto de imputación de fecha 17 de julio de 2018, en cuantía que en total asciende a $70 millones sin indexar.

Deficiente planeación

Las irregularidades que dieron lugar al proceso de responsabilidad fiscal en el cual se produjo esta imputación fueron determinadas inicialmente en una auditoría realizada por la CGR, donde se revisó la ejecución del convenio 001 del 30 de enero de 2015, que suscribió el municipio de Agustín Codazzi con la Fundación de Programas Prevención y Nutrición Provenir, por valor de $418 millones.

El objeto de dicho coonvenio era aunar esfuerzos para garantizar el servicio de alimentación escolar que brinde un complemento alimentario durante la jornada escolar a los niños, niñas y adolescentes del municipio de Aguntín Codazzi durante 62 días de calendario escolar.

Los sobrecostos en la ejecución del contrato se dieron como consecuencia de que el Municipio de Agustín Codazzi realizó un estudio de mercado deficiente que adoleció de una estructuración del precio de las raciones, así como de un serio estudio comparativo y estructuración de costos, pues no señala de donde salen los valores para estipular el valor final de la ración, evidenciando deficiencia en la planeación y la ausencia de la cualificación los componentes de la ración.

Como consecuencia de lo anterior, la administración pagó de más al contratar la ración alimentaria por un valor mayor a los estipulados por el Ministerio de Educación Nacional, e incluso por encima de lo contratado y pagado por la Gobernación del Departamento del Cesar, en iguales condiciones de tiempo, modo y lugar.

Cobertura del PAE no fue total

Así mismo, se evidenció que a pesar del objeto del convenio, la cobertura del PAE en el año 2015 no fue una cobertura total, ya que en algunas instituciones educativas del municipio no se incluía los grados 10 y 11 y al ejecutarse un contrato PAE por parte del Departamento de manera simultanea, la entrega de las raciones por el operador contratado por el municipio era desordenada y  no se tenía identificada la población estudiantil beneficiaria del programa contratado por el municipio, ya que al momento de hacer la contratación, no se tenía certeza si la ración era preparada en sitio o industrializada.

Lo entregado por el operador no consistió en términos generales a desayunos, sino en su mayoría en refrigerios industrializados, lo cual contradice los estudios previos y el convenio suscrito, pues este se refería por lo menos a 2015 desayunos; y que sin existir cobertura plena, un mismo estudiante era beneficiario de los refrigerios y los complementos bien de desayuno o almuerzo, lo cual choca con los lineamientos del programa , pues el ideal , es lograr equidad al respecto, perseguir cobertura plena en las raciones faltantes principales, esto es desayuno o almuerzo,  y/o cualificar minuta, objetivo que no fue logrado y menos coordinaro o complementario con lo contratado y que entregaba preparado en sitio por la Gobernación del Cesar.

Las situaciones descritas son muy graves, si se tiene en cuenta que lo que se pretendía era mejorar las condiciones nutricionales de la población vulnerable de la zona.

SISBEN advierte a venezolanos que no se dejen engañar de avivatos

Valledupar.- 21 de agosto de 2018.

Varios migrantes venezolanos que han llegado al Cesar,han sido víctimas de personas que les hacen creer que pueden sacarles el Permiso Especial de Permanencia PEP que otorga el Gobierno, a cambio de dinero.

Así lo dio a conocer en entrevista con Cacica Noticias, el  Coordinador del Sisben en el departamento, Alexander Picón, quien entregó detalles sobre el Decreto 1288 de 2018, por medio del cual el Gobierno Nacional busca regular la presencia de ciudadanos venezolanos en el país.

Picón recordó que la regulación abarca temas como acceso a la salud, a la educación, a la atención de menores por parte del ICBF, entre otros.

Añadió que registrarse en el Sisben es un trámite gratuito, pero que requiere unos procesos que ellos pueden hacer directamente ante la entidad.

Lamentablemente durante el pasado censo, solo 442 mil personas provenientes del vecino país, se registraron, obteniendo de paso su PEP, que es a decir de Picón, una especie de cédula provisional, el cual pueden presentar a las autoridades al momento de ser requeridos

Recordó que además, dicho permiso les permite acceder a servicios de salud, educación, y trabajo. Cosa diferente pasa con quienes están en condiciones irregulares en el país, que en casos como la salud, solo pueden acceder al servicio de urgencias.

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