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Cacica Stereo

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Exparamilitar señala a políticos del Cesar

Valledupar.-

El desmovilizado del frente Cacique Upar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, Luciano Rojas Serrano, quien, según su propio dicho, operó con funciones de comandancia bajo los alias de “Henry” y “Alex”, salpicó a varios dirigentes políticos que supuestamente habrían colaborado con las fuerzas paramilitares, en un escrito dirigido a la Fiscalía General de la Nación, en el cual solicita que se le recepcione declaración para ampliar su testimonio. (Ver documento)

En su escrito, Rojas Serrano da cuenta de una supuesta reunión en la finca Bolivia, jurisdicción del municipio de Algarrobo, con Dito García, Carlos Bornacelli, Wilfrido Ruiz y otros en los que se habría planeado el homicidio de Luis Laborde Restrepo, aspirante a la alcaldía de El Copey, crimen cometido por las AUC el 22 de diciembre de 2001, en la vía que comunica a Pueblo Nuevo, Magdalena, con Bosconia, Cesar.

Asimismo, en su escrito alias “Henry” sindica al exgobernador del Cesar, Lucas Gnecco Cerchar y a un señor de nombre Hernando Gonzalez, por supuestamente haber ordenado la muerte del periodista Guzmán Quintero Torres, ocurrida el 16 de septiembre de 1999, en el hotel Los Cardones ubicado en la calle 17 No. 9-74 de esta ciudad.

Entre otras personas salpicadas por el exparamilitar están los actuales alcaldes de Bosconia, Jorge Patiño y de El Paso, Alberto Murgas, el excandidato a la alcaldía de Valledupar, Gonzalo Gómez, el excongresista Jorge Ramírez Urbina y el empresario Huges Rodríguez Fuentes, de los cuales afirma “todos ellos tuvieron una participación directa en apoyo a las Autodefensas Unidas de Colombia Bloque Norte”

Causa curiosidad que en el documento previo que iba a ser entregado a la Fiscalía fue cambiado la lista de los dirigentes políticos que iban a ser señalados, pues inicialmente aparecía mencionado “una reunión en la finca Bolivia, jurisdicción del municipio de Algorrobo con Alfredo ‘Ape’ Cuello”. Sin embargo, en el nuevo documento que fue entregado ayer 17 de marzo de 2015, ya no aparece el actual congresista del Cesar.

Cabe recordar que Rojas Serrano fue capturado en agosto de 2011 en un balneario del municipio de San Gil, Santander, cuando disfrutaba de la zona turística del Cañón del Chicamocha, y para el año 2011, era uno de los 20 hombres más buscados por la Policía en Santander. En ese entonces, según las autoridades, respondía al alias de “Mi Señor” y tenía a su mando la estructura que comercializaba cocaína en los municipios de Cáchira y la Esperanza en Norte de Santander, el Playón en Santander y el sur de Bolívar. Adicionalmente, desde siempre las autoridades lo vincularon como el autor material del homicidio del periodista vallenato Guzmán Quintero Torres.

 

 

Orden de arresto para el gobernador Luis Monsalvo por desacatar tutela

Valledupar.

El Juez Tercero Civil del Circuito de Valledupar, Gualberto Calderón Daza, mediante providencia de primera instancia fechada el 12 de marzo de 2015, al decidir un incidente de desacato en el trámite de una acción de tutela interpuesta por los invasores de los predios de propiedad de Alberto Pimienta Cotes, ordenó sancionar al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, con cinco (5) días de arresto y multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales por no haber acatado la orden impartida por la Corte Constitucional en la sentencia de Tutela T-946 del 16 de diciembre de 2011. Asimismo, ordenó a la Policía Nacional hacer efectivo el arresto del gobernador en el comando de la policía. 

En la misma decisión, el Juez Calderón Daza sancionó también al alcalde de Valledupar, Freddy Socarrás Reales, con multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales, pero se abstuvo de ordenar su arresto por considerar que la conducta del alcalde era menos gravosa que la del gobernador en el incumplimiento a la orden del tribunal constitucional.

Cabe recordar que no es la primera vez que un juez de la república ordena el arresto del Monsalvo Gnecco, considerado el mejor gobernador del país según las encuestas del Centro Nacional de Consultoría.  

En efecto, el Juez Segundo Administrativo de Valledupar, Víctor Ortega Villarreal, mediante providencia calendada el 15 de noviembre de 2013, ya había ordenado arrestar al mandatario cesarense y multarlo con 10 salarios mínimos mensuales vigentes, por no haber dado cumplimiento a un fallo de tutela del 6 de julio de 2012, proferido por el mismo Juez. En esa ocasión, Monsalvo Gnecco desconoció otro fallo de tutela interpuesto por los invasores de los predios denominados “Tierra Prometida” y “Emmanuel”, ambos de propiedad del constructor Oscar Guerra Bonilla.

Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Cesar, en segunda instancia, modificó la orden de arresto impuesta al gobernador Luis Alberto Monsalvo, sustituida por una sanción de 10 salarios mínimos mensuales vigentes, por no gestionar los albergues temporales para reubicar a las familias que por vía de hecho se tomaron los predios del constructor Guerra Bonilla.

Así las cosas, con la reciente decisión del Juzgado Tercero Civil del Circuito, ya son dos las órdenes de arresto impartidas en contra del actual mandatario, ambas por negarse a cumplir fallos de tutela que versan sobre invasiones a predios privados, hecho que ha despertado suspicacias habida cuenta que Monsalvo Gnecco, cuando fungía como candidato a la gobernación, firmó varios acuerdos con los habitantes de los barrios de invasión tanto de los predios del señor Alberto Pimienta Cotes como de los de Oscar Guerra Bonilla, en los que se comprometía, a cambio del voto de los invasores, a no desalojarlos de los terrenos invadidos.

En este sentido, con estos dos antecedentes le quedará muy difícil al gobernador Monsalvo salvarse, en segunda instancia, de la orden de arresto, puesto que es inequívoca y evidente su conducta tozuda y reiterada en negarse a cumplir las órdenes judiciales de tutela relacionadas con el desalojo de invasiones en Valledupar.

Control de legalidad a orden de captura en contra de exalcalde de Curumaní y excongresista

 Valledupar.-

El próximo miércoles 18 de marzo fue citada, por solicitud de la defensa, una audiencia de control de legalidad de la medida de aseguramiento, ante el Juez Único Especializado de Valledupar, Efraín Vargas Márquez, para determinar si debe continuar vigente o no la orden de captura en contra del actual alcalde de Curumaní, Henry Chacón Amaya y el excongresista Miguel Durán Gelvis, quienes son procesados como determinadores del homicidio de la exconcejal de su municipio doña Ana Cristina López de Moreno.

Cabe recordar que la Fiscalía 56 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, mediante providencia fechada el 27 de junio de 2014, profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario en contra de Chacón Amaya y Durán Gelvis, desde entonces prófugos de la justicia, por presuntamente haber ordenado la muerte de la exconcejal, quien fue asesinada el 26 de noviembre de 2003, por hombres del Frente “Resistencia Motilona” del Bloque Norte de las AUC, frente que operaba en el centro y sur del Cesar, en particular en la zona de influencia de los municipios de Pailitas, Curumaní y Chiriguaná.

La defensa de Henry Chacón Amaya está a cargo del exfiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, abogado que recientemente ha sido cuestionado debido a que su firma de abogados tiene a cargo la defensa del temible exgobernador de la Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, a pesar de que la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, solicitó a Iguarán Arana que investigara a Gómez Cerchar cuando éste ejercía el cargo de Fiscal y áquel el de gobernador. Posteriormente, Yandra Brito fue acribillada en el sector de La Ceiba de Valledupar a plena luz del día por hombres de la bacrim de Marquitos Figueroa.

Por su parte, el excongresista Miguel Durán Gelvis es defendido por la abogada Silvia Rugeles, célebre por ser la defensora del polémico contratista Alfonso “el turco” Hilsaca, quien pese a haber sido capturado en el segundo semestre del año pasado por homicidio y otros delitos, Rugeles logró su libertad dos días antes del 24 de diciembre.

En Curumaní, lugar de origen de Henry Chacón Amaya y de Miguel Durán Gelvis, dan por hecho que la audiencia de control de medida de aseguramiento será favorable a los dos sindicados, y desde ya preparan un recibimiento triunfal sus familiares y simpatizantes, quienes aún controlan la alcaldía del municipio, a través del alcalde Jesús Esteban García Pedrozo, perteneciente al mismo grupo político del prófugo Chacón Amaya.

En el proceso penal en contra de los dos sindicados ha habido varias irregularidades: una de ellas, el asesinato del padre de uno de los desmovilizados del frente Resistencia Motilona, Néstor Quiñonez Quiroz, alias ‘Yuca’, quien declaró en contra de Durán Gelvis y Chacón Amaya. De otra parte, a pesar de que el proceso fue inicialmente remitido a Bogotá por falta de garantías en la jurisdicción del Cesar, nuevamente fue devuelto al conocimiento del Juez Único Especializado de Valledupar, Efraín Vargas Márquez, para que se pronuncie sobre la legalidad o no de la medida de aseguramiento.

Finalmente, la Unidad Nacional de Protección le otorgó un esquema de protección a familiares de la víctima, ante las graves y creíbles amenazas de muerte que existen en su contra.

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