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Tras sanción por irregularidades en el PAE se conocen reemplazos

Este fin de semana se conocieron los nombres de los dos reemplazos en la Gobernación del Cesar, a raíz del escándalo por las irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, durante el gobierno de Luis Alberto Monsalvo Gnecco.

Los secretarios de Educación y General, Jorge Eliécer Araújo y Jaime Fuentes, fueron destituidos e inhabilitados para contratar con el estado y ejercer cargos públicos hasta el 2023, de acuerdo al fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República.

Es por eso que el actual gobernador Francisco Ovalle nombró mediante decreto 262 al abogado Luis José Rodríguez Torres, quien venía trabajando para la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos, como nuevo secretario de Educación.

A la Secretaría General llega por decreto 263, la abogada Lorena Hernández Dangond, quien antes se desempeñaba en la sectorial de hacienda.

El contrato  del PAE en cuestión fue firmado el 15 de enero de 2015 por la Gobernación del Cesar, con el Consorcio conformado por la Fundación Kábala por un  valor inicial de $23.538 millones  que luego subió por un reconocimiento al contratista quien recibió tanto el 4,4% por concepto de IPC, como un 5% por concepto de imprevistos. Lo que vio la Contraloría es que se duplicó la suma contemplada como utilidad del mismo.

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Más de $2 mil millones de sanción al hospital Rosario Pumarejo de López.

Alrededor de $2.300 millones deberá pagar el   hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar por cuenta de una sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo debido al no pago de la seguridad social  de una enfermera que murió por no recibir la atención a tiempo.

De acuerdo con la decisión, esa enfermera fue Sandra Hernández,  quien trabajaba en ese centro asistencial. Ella tuvo quebrantos de salud, y cuando quiso acceder a la IPS se fueron cuenta que desde hace tiempo no le pagaban el riesgo laboral.

Este hecho fue confirmado por Maria Eugenia Aparicio, quien es la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo.

Ante esto el hospital tiene la posibilidad de utilizar sus recursos para evitar el pago de ese monto, siempre y cuando demuestre los elementos materiales probatorios pertinentes para el caso.

Además de eso, Cacica Noticias pudo establecer que la Procuraduría General conoció del tema y por eso compulsó copias para abrir un proceso disciplinario.

La auxiliar de enfermería falleció el pasado 24 de agosto en ese mismo centro asistencial tras no recibir atención en otras clínicas por el supuesto incumplimiento de pago.

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