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“Eso no me preocupa”: Didier Lobo sobre formulación de cargos de la Procuraduría

El exalcalde de la Jagua de Ibirico y actual senador de la República, Didier Lobo Chinchilla, le dijo a Cacica Noticias que está tranquilo pese al pliego de cargos que le abrió la Procuraduría General de la Nación por presuntos sobrecostos en un contrato de paquetes nutricionales para la recuperación de niños desnutridos o en riesgo de malnutrición, y de madres lactantes y gestantes, por valor de $15.295 millones.

“Cada vez que sale eso no me preocupa porque es lo mismo de lo mismo. Es el tema que sacó la Contraloría y que ahora le dio traslado a la Procuraduría. Estoy tranquilo. Por eso doy la cara ante los medios de comunicación”, dijo el congresista.

La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, tras un análisis a los valores pactados frente a los precios del mercado, especialmente de los almacenes de grandes superficies de Valledupar, cuantificó en más de $3.900 millones el presunto sobreprecio que habría tenido el convenio.

La Procuraduría le reprochó a Didier Lobo Chinchilla que su participación en la etapa precontractual y contractual del acuerdo entre el municipio de La Jagua de Ibirico con la “Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios”, habría permitido un detrimento al patrimonio público y una eventual violación de los principios de economía y de responsabilidad, toda vez que el presupuesto oficial destinado para la adquisición de los complementos nutricionales habría superado el costo de los bienes entregados.

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Por dos meses, el Cesar tendrá otra procuradora regional.

La decisión de rotar a procuradores regionales y provinciales por dos meses la tomó el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, por motivos de los próximos comicios del mes de marzo cuando se escogerán a los representantes a la Cámara y el Senado que conformarán el Congreso de la República.

La aplicación será desde el 20 de enero. En lo que respecta al Cesar, el Ministerio Público tomó la decisión de poner en el cargo transitoriamente a la procuradora del Magdalena, Ana Muelle. Mientras que Margarita Cuenca Urbina, en propiedad para este departamento, se trasladará a La Guajira.

En lo que respecta a la titular del cargo en Valledupar, la procuradora provincial, Rosalba Rangel, estará intercambiando ciudad con el procurador de Montería.

Mientras tanto, a la procuradora provincial de Valledupar, Rosalba Rangel, la trasladaron hasta la provincial de Montería y al procurador provincial de Montería lo movieron a Valledupar.

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Procuraduría pidió esclarecer incendio de dos centros ceremoniales de pueblo indígena de la Sierra Nevada

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que esclarezca las circunstancias  en las que se incendiaron dos centros ceremoniales (kankurwas) del pueblo Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

El Procurador Delegado para Asuntos Étnicos, Richard Moreno Rodríguez, se solidarizó con los cuatro pueblos indígenas de la región y pidió a las autoridades que reconstruyan la verdad alrededor de los hechos, y tomen las medidas necesarias sobre los responsables que destruyeron dos lugares sagrados, de cohesión y tradición cultural. 

“La Procuraduría condena cualquier tipo de violencia contra los pueblos indígenas, y cualquier intento de desanimar las luchas valientes y pacíficas que han emprendido por la recuperación y protección e sus culturas y formas de vida”.

Moreno Rodríguez lamentó la pérdida de una invaluable construcción y “la destrucción de siglos de memoria y de sagradas dimensiones de sabiduría”.

El Procurador Delegado recordó que no es la primera vez que el pueblo Kankuamo sufre de ataques contra sus kankurwas y aseguró que estará a la espera de los resultados de las investigaciones, tanto del ente acusador, como de las autoridades propias de los pueblos indígenas.

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Procuraduría suspendió a seis concejales de Pailitas

Pailitas 

Por negarse a aprobar el Plan de Desarrollo, la Procuraduría sancionó disciplinariamente a seis de los 11 concejales que hacen parte del cabildo de Pailitas, en el sur del Cesar.

El fallo de primera instancia afecta a los corporados Wilmar Cuellar Pérez, Nefer Angarita y Luís Baute del partido de la U; Elías Clavijo, Elexso Trigos, del Mais; y Olinto Carrero, Polo Democrático.

El Ministerio Público impuso sanción consistente en suspensión del cargo por un término de 90 días, según la determinación que será apelada por la defensa de los concejales cobijados con la medida.

El proceso inició por las denuncias puestas en conocimiento a la Procuraduría por parte del alcalde de Pailitas, Said Castro, quien advirtió que “estos concejales se dedicaron a torpedear la administración negándose a aprobar el Plan de Desarrollo y algunas iniciativas que van en beneficio de la comunidad solo por diferencias políticas”.

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