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Apuntes sobre la JEP: del debate a la restauración

Por Carlos César Silva

1. Introducción.

Sin duda alguna, el componente más polémico del Acuerdo de La Habana es la Jurisdicción Especial para la Paz, pues desde el punto de vista jurídico y político, ha generado unas discusiones constructivas, pero también tramposas y viscerales: la incertidumbre ha eclipsado a la confianza. Aunque se trata de un tema complejo, ha absorbido la atención de muchos colombianos del común. Claro, hablar sobre la forma como serán juzgados quienes cometieron crímenes atroces, durante más de cincuenta años de conflicto armado, aviva sufrimientos, pasiones y odios.

Precisamente, el objetivo fundamental de este artículo es exponer la esencia restauradora de la JEP, pero también presentar algunas dudas que existen entorno a su implementación. En efecto, a continuación, se abordarán los siguientes puntos: el modelo de justicia de la JEP, los casos que conocerá, los tipos de sanciones que impondrá y los ajustes que le hizo la Corte Constitucional.      

2. El modelo de justicia.

La JEP se fundamenta en dos modelos de justicia que han sido reconocidos y desarrollados por la doctrina penal: restaurativa y retributiva. La primera pretende, esencialmente, que los victimarios reparen el daño que ocasionaron a las víctimas: resarcir es más importante que castigar (penas propias y alternativas). La segunda tiene como objetivo primordial imponer un castigo: se preocupa más por la sanción del victimario que por reparar a las víctimas (penas ordinarias).

A partir de estos dos modelos de justicia, la JEP expone unos elementos que buscan contrarrestar a la impunidad: verdad, reparación a las víctimas, garantías de no repetición, declaración judicial de responsabilidad, sanciones concretas y no hay amnistías ni indultos para quienes cometieron delitos de lesa humanidad. De modo que, aunque un amplio sector del país quiere penas más severas para quienes eran miembros de las FARC-EP, la JEP fue diseñada bajo los parámetros de la doctrina penal y del derecho internacional.

3. La competencia.

La JEP tendrá competencia respecto de conductas cometidas en el contexto del conflicto armado, antes de la firma del Acuerdo. Se ocupará básicamente de los delitos no amnistiables ni indultables, como los de lesa humanidad: el genocidio, la toma de rehenes, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento, la sustracción de menores y el desplazamiento forzado.

Ante la JEP acudirán los desmovilizados de las FARC-EP y los miembros de la fuerza pública (Policía y Ejército) que cometieron delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto. Los civiles (empresarios) y los agentes del Estado no miembros de la fuerza pública (gobernadores, alcaldes, concejales, diputados), solo asistirán a esta instancia voluntariamente. Asimismo, se respetará el fuero constitucional del Presidente o de los expresidentes de la República, cualquier información que surja en contra de ellos se remitirá a la Comisión de Acusaciones del Congreso.

Dada la naturaleza transicional de la JEP, la prórroga para su existencia solo podrá realizarse por una vez (por 5 años), así que su vigencia no será superior a 20 años.

4. Las sanciones.

Cuando se plantea un modelo de justicia con penas precisas no es correcto hablar de impunidad. En el caso de la JEP, hay tres tipos de sanciones que buscan garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. Primero están las propias: se impondrán a quienes acepten verdad exhaustiva, detallada y plena ante la Sala de Reconocimiento. Tienen una función reparadora, englobarán restricciones efectivas de la libertad de residencia y movimiento de 5 a 8 años (no cárcel), condiciones que tendrán supervisión.

Luego están las sanciones alternativas: se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad en la Sección de Primera Instancia. Mejor dicho, aplicarán para quienes no digan la verdad en la Sala de Reconocimiento: estipulan una pena de cárcel de 5 a 8 años. Finalmente, están las ordinarias: se aplicarán a quienes no reconozcan responsabilidad durante el proceso: tendrán las funciones establecidas en el Código Penal y las penas serán de 15 a 20 años de cárcel.

De manera que las penas propias y las alternativas son una expresión de la justicia restaurativa, mientras que las ordinarias son una manifestación de la justicia retributiva. En este sistema mixto se premiará la verdad, quien se rehúse a confesar sus crímenes, podrá ir a la cárcel, sí, recibirá una condena hasta de 20 años.

5. Ajustes de la Corte Constitucional.

El pasado 17 de noviembre la Corte Constitucional se pronunció sobre el Acto Legislativo 01 de 2017 -que creó la JEP-, declarándolo exequible con excepción de ciertos apartes normativos. La Corte determinó, entre otros asuntos, lo siguiente:

  • Sobre los delitos de ejecución permanente, cuando la JEP determine que se han incumplido las condiciones propias del sistema, el proceso será remitido a la jurisdicción ordinaria.
  • Se respetará el fuero especial del Presidente o de los expresidentes.
  • La Procuraduría podrá participar con autonomía en las audiencias de la JEP.
  • La Corte conocerá sobre las tutelas contra las sentencias de la JEP.
  • Los terceros civiles (empresarios), no serán obligados a concurrir a la

JEP, sino que lo harán de manera voluntaria, al igual que los agentes del Estado que no sean combatientes (gobernadores, alcaldes). 

  • Los ex guerrilleros de las FARC-EP podrán aspirar a cargos públicos, pero tendrán que presentarse ante la JEP y cumplir con el régimen de condicionalidades: dejación de las armas, aportar la verdad, garantizar la no repetición y reparación. Esto será de forma simultánea, no habrá inhabilidades.
  • Basado en el régimen de sanciones (propias, alternativas, ordinarias), la JEP determinará la compatibilidad con la participación en política: será posible, en principio, cumplir la sanción y hacer política al mismo tiempo. No obstante, por ejemplo, los ex integrantes de las FARC-EP que reciban penas alternativas y ordinarias, como estarán recluidos en un centro penitenciario, no podrán seguir participando en los espacios democráticos.

6. Participación en política.

Lo más justo es que los desmovilizados de las FARC-EP rindan cuentas a la JEP, antes de postularse a cargos públicos. Sin embargo, la naturaleza política del Acuerdo de La Habana consagra que podrán hacer las dos cosas al mismo tiempo, al menos en principio. En ese sentido, la Corte señaló en su fallo -como se dijo- que no habrá inhabilidades, pero que podrán surgir incompatibilidades al momento que se impongan las sanciones (alternativas y ordinarias). Es decir, los ex miembros de las FARC-EP pueden recibir condenas que les impida seguir haciendo política, una vez entren al juego democrático.

7. Conclusiones.

Sí, la JEP ha recibido muchas críticas: los ex guerrilleros merecen penas más severas, no es justo que Timochenko pueda aspirar a la presidencia antes de pasar por la JEP, a los miembros de la fuerza pública debe juzgarlo un organismo distinto,  la responsabilidad del mando resulta incompatible con el derecho internacional, los magistrados tienen sesgo ideológico, es una justicia creada por la FARC-EP.

Aun así, razón tiene el profesor Rodrigo Uprimny cuando señala: “Está claro que el acuerdo de la JEP dista de ser perfecto, pero ninguna justicia transicional lo es, pues en condiciones muy difíciles busca una armonización difícil, casi imposible, entre los imperativos de la justicia y las necesidades de la paz negociada”. Más allá de cualquier controversia, la JEP tiene unos puntos cardinales definidos, que incluso fueron mejorados por la Corte Constitucional: satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas, luchar contra la impunidad a través de sanciones concretas y conseguir una paz estable y duradera. 

El fallo de la Corte llenó vacíos y resolvió dudas, es hora de pasar del debate a la restauración. 

Twitter: ccsilva86 

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Un caos al estilo Kafka

Por Carlos César Silva

Sí, la UPC huele a caos. Su inestabilidad jurídica está produciendo una crisis directiva y económica. El Consejo de Estado hace poco anuló la elección de Carlos Oñate como rector, Enrique Meza, su remplazo, ya está tambaleando gracias a una acción de repetición y el presupuesto tiene una vena rota: las millonarias demandas laborales por despidos injutificados. La desidia, la indolencia y la arbitrariedad están  ahorcando al alma mater. Duele admitirlo, pero es la realidad: las cosas van de mal en peor.  

Hace unos días se presentó una controversia jurídica -a su vez política- que puede acarrearle a la UPC nuevos prejuicios administrativos y tal vez financieros. A través de la Resolución 2783 del 24 de octubre de 2017, Enrique Meza terminó con la comisión que Jaime Maestre desempeñaba en el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Básicas y de Educación. En consecuencia, Maestre -por una orden del mismo Meza- no siguió fungiendo como representante de las Directivas Académicas ante el Consejo Superior Universitario.

El rector cimentó su decisión conforme a lo establecido en el Acuerdo 023 de 2014, que manifiesta que los empleos del nivel directivo son de libre nombramiento y remoción. Sin embargo, Maestre -como se dijo- era también representante de las Directivas Académicas en el CSU y en el acuerdo 011 de 2005 se limita la capacidad de desvinculación que tiene el rector para estos casos, reservándole únicamente la facultad de trasladar o reubicar al funcionario dentro de las Directivas Académicas: se trata de una especie de “fuero especial”.

No obstante, Meza, en las consideraciones de la Resolución 2783, indicó que el Acuerdo 023, derogó los acuerdos 011 del 2005 y 014 de 2009 (este último dice que el “fuero” solo aplica para el titular de la representación, no para los suplentes), lo cual no tiene fundamento jurídico. Del contenido del Acuerdo 023, no se evidencia una derogatoria expresa, pues no es incompatible con los acuerdos 011 y 014, toda vez que no regula las mismas materias: aquel no comprende de manera integral la composición, elección y permanencia de los integrantes del CSU, así que no puede dejar sin efectos las normas sobre el particular.

Por otro lado, Maestre estaba cumpliendo una comisión en la decanatura, ya que está vinculado a la universidad como profesor de planta, más no -estrictamente- bajo la figura de libre nombramiento y remoción, lo que hace intuir que no se afectó, así lo dijo Meza, la establidad laboral del funcionario al momento de ser retirado del cargo de decano. Sin embargo, el verdadero espíritu de la norma busca proteger un hecho concreto: la escogencia y permanecia democrática del directivo en el CSU.

De manera que Meza no tenía la facultad de remover del cargo al ex decano, a menos que lo trasladara o reubicara en otro puesto del mismo nivel, pues Maestre tenía un “fuero especial” por ser el representante de las Directivas Académicas. Este es un nuevo embrollo legal que sufre la UPC, cuyo destino parece ser el desorden, la anarquía. El rector está haciéndole honor a su franqueza celestial, está llevando a cabo su principal objetivo: enredar los procesos y espacios democráticos que tiene la universidad, para acumular un capital burocrático que le permita cumplir con sus obligaciones políticas.

El proposito de este texto no es defender de forma ciega y estupida a nadie, sino esbozar -precisamente- la inconformidad que despierta la jauría de politiqueros que está carcomiendo con su codicia, su apatía y su inagotable sed de venganza a la universidad, que requiere de guías que tengan un autentico espíritu académico y científico. Así es: la UPC sufre un caos jurídico al estilo de El proceso Kafka.

Twitter: ccsilva86

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El espejo de las frustraciones

Después de haber terminado con el conflicto armado, a través de un acuerdo de paz que cautivó al Comité Nobel Noruego, el país está divagando en un laberinto de infortunios: se atrancó el crecimiento económico, las desigualdades sociales no dejan de aumentar, el crimen luce imparable, la justicia está politizada y los partidos políticos son unas sectas en donde reina la mediocridad, la corrupción y el enojo.

El ego transformó una esperanza en un desconcierto. Hoy los líderes políticos usan la estigmatización y el miedo como sus principales armas. Sus discursos solo buscan destruir al otro, no hay consenso. Para ellos solo existen dos posibilidades: estás en la derecha o estás en la izquierda. No valoran la diversidad de ideologías, de sueños. Están coartando la capacidad crítica, pues muchas personas temen ser encasilladas en algo que no son, así que prefieren guardar silencio.

La sensatez perdió valor, ahora las emociones y las mentiras nutren el debate público. Los actores políticos siempre están buscando revolver el río para pescar el poder, para alimentar su “yo”. La extrema derecha considera a todo adversario, así sea alguien moderado, un comunista empedernido. Además, convirtió a la guerrilla, ya desmovilizada y transformada en partido político, en un símbolo para intimidar y encasillar a sus otros rivales. No querían tener un competidor elegible, pero al final lo único que consiguieron fue fortalecer al otro extremo.

Al comenzar la implementación del acuerdo de paz, la derecha usó la injuria y la calumnia para vencer al centro. Sí, insistió en la idea de seguir metiendo miedo con el comunismo, logrando deslucir a los moderados y fortalecer a los radicales (a ellos y a los del otro lado). Así que sobrevino un efecto mariposa: ¡el anticomunismo solo sirvió para conducir a los ex guerrilleros a la presidencia! Ahora el país vive su propia patria boba, la venganza política es el pan de cada día, las injusticias sociales arrasan con las esperanzas y las pandillas dominan amplios territorios.

No, no estoy hablando de Colombia, sino de El Salvador, que veinticinco años después de haber culminado con una dolorosa guerra civil (a través de los Acuerdos de Chapultepec), hoy está sudando odio, avaricia, crimen, pobreza y hambre. Miren, el enfrentamiento intenso entre los partidos ARENA (derecha) y FMLN (ex guerrilla), hizo que los movimientos de centro perdieran adeptos, opción de poder. De manera que ahora el equilibrio y la prudencia no tienen vigor, mientras que el radicalismo es el fuego de moda, el lenguaje que se utiliza para neutralizar a los otros.

Claro, Colombia está corriendo el mismo riesgo que El Salvador, una derecha radical está desprestigiando a los moderados, haciéndolos ver como candidatos de las Farc: blanco o negro, amor u odio. Hay que abrir los ojos, este país no va hacia la venezolanización, sino hacia la salvadoreñización. El pueblo tiene que comenzar a mirar más hacia el centro (el auténtico centro), ya que los extremos, aunque tienen derecho a jugar, están empeñados en incendiar al país con una narrativa repleta de rencor, de mentira.

Nota: Escribí este artículo a partir del ensayo Del miedo a la ingobernabilidad: La salvadoreñización de Colombia, cuyo autor es Joaquín Villalobos. El análisis fue publicado en agosto DE 2017 con el apoyo de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

@ccsilva86

Por Carlos César Silva

 

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Borrachera de vanidad

Por: Hernán Araujo Ariza

En un panel en el que participé hace unas semanas con Imelda Daza (hoy candidata vicepresidencial de las Farc), me atreví a sugerirle que lo mejor era que en estos momentos, los exjefes de las Farc (Timochenko, Márquez, Santrich y demás) dieran un paso al costado para liderar la difícil etapa de implementación que aún tenemos por delante. Para acompañar proyectos productivos, encabezar los procesos de verdad ante la JEP, coordinar las labores de reparación a las víctimas y tratar de mantener a los excombatientes cohesionados para que no fueran a engrosar las filas de las disidencias.

En consecuencia, el espacio de las listas para aspirar a Congreso debía ser ocupado por personas del movimiento, no muy cuestionadas (que las hay) y personajes civiles afines a su movimiento (que también los hay).

La propuesta proponía que esos líderes cuestionados de hoy, luego de cuatro años apostando por la reconciliación fuera de cámaras y protagonismos, con muchas heridas del conflicto ya curadas, y con parte de los odios calmados, pudieran, ahí sí, tener la oportunidad de aspirar. Al fin y al cabo, el acuerdo firmado habla de dos periodos de curules garantizadas en el Congreso.

Y debo reconocer que yo guardaba la esperanza que por fin la sensatez imperaría entre ellos, aspiraba a percibir las muestras de humildad que nunca han tenido, y anhelaba ver señales de querer sintonizarse con un país que no los quiere. Oh ingenuidad la mía. Cuando supe los nombres que anunciaron como candidatos confirmé que lo que prima entre los líderes de las Farc es la soberbia de siempre, y una extraña -pero muy marcada- vanidad.

¿Será que se alcanzaron a imaginar el rechazo que los anuncios de sus candidatos despertarían en la gente? ¿Será que en serio creen que tienen opción de poner presidente en un momento de polarización como el que vive Colombia hoy? ¿Habrán dimensionado que, con anuncios como los de esta semana, aumentan la probabilidad de que el próximo presidente venga de la derecha?

Las respuestas a estas preguntas me inquietan, pues me resisto a creer que se pueda ser tan torpe en política. ¿O será que la torpeza les alcanza para creerse el cuento que su aspiración presidencial despertará a las siempre tranquilas masas del abstencionismo, y que allí están los votos que les hacen falta?

En todo caso, creo que con el fragor de la derrota que seguro sufrirán en las urnas en marzo y mayo próximos, por fin entenderán, que la soberbia y el narcisismo no son las mejores armas para aprovechar la oportunidad que la historia y el país hoy les brinda. Sólo entonces serán conscientes del error en el que cayeron por culpa de la borrachera de vanidad en la que se embebieron.

ÚLTIMA PALABRA: Pese a lo anterior, sigo convencido que el acuerdo de paz, era el camino más propicio para ponerle fin a las Farc como guerrilla. Ahora en política será mucho más fácil y menos costoso -en términos económicos y de vidas humanas- derrotarlos.

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