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Contraloría profirió fallo contra Mauricio Galofre, por irregularidades en contrato del Cesar

Bogotá 

Mauricio Galofre Amín exdirectivo del denominado Grupo Nule, famoso por el ‘Carrusel de la Contratación’, recibió un fallo en su contra por parte de la Contraloría General de la República, al hallarse responsable de irregularidades en un contrato suscrito con la Gobernación del Cesar, durante el gobierno de Cristian Moreno Panezzo.

El proceso de responsabilidad fiscal del organismo de control fiscal le obliga al empresario de las obras a pagar la suma de $1.467 millones

Los antecedentes muestran que la Gobernación firmó con  Galofre Amín el contrato 1400 del 30 de diciembre 2009, cuando este fungía como representante legal de la Unión Temporal Sabaneta, por la suma de $4.760 millones, para pavimentar las vías Loma Sabaneta – Poponte, en el municipio de Chiriguaná; y El Barro – La Curva Agua Blanca, en el municipio de San Martín.

Las obras se debía ejecutar, con recursos de regalías, en un plazo de 180 días calendario, para lo cual se giró en calidad de anticipo el 25% del mismo, es decir $1.190 millones.

Aunque el anticipo fue pagado el 10 de marzo de 2010, con el fin de iniciar las pavimentaciones el 18 de mayo de ese año, mediante Resolución 0003405, la Gobernación decidió declarar la caducidad administrativa del contrato, en agosto de 2010, “toda vez que transcurridos más de 3 meses desde la suscripción del acta de inicio no se había ejecutado obra física alguna, en ninguno de los 2 tramos contratados, lo que correspondía a un atraso del 100% de las obras contratadas”.

El órgano de control fiscal señala que “después de múltiples suspensiones y adiciones en tiempo al contrato, el mismo se reinició el 15 de enero de 2011, pero como se pudo comprobar en visita de supervisión efectuada el 26 de febrero de 2011 no existía en los tramos contratados ni personal, ni equipos para la ejecución de las obras.  El supervisor  evidenció entonces el abandono de las mismas por parte del contratista”.

Un año después de pagado el anticipo no se había hecho nada en los tramos viales, contratados por el entonces gobernador Moreno Panezzo.  

 

El responsable

Según la Contraloría General de la República, Mauricio Galofre Amín, en su calidad de miembro y Representante Legal de la Unión Temporal Sabaneta, fue quien tuvo bajo su responsabilidad la administración de los recursos públicos que le habían sido entregados en calidad de anticipo, para la ejecución de las obras contratadas, y su incumplimiento generó el desvío y pérdida de los recursos pagados.

De acuerdo a la documentación que hace parte del Proceso de Responsabilidad Fiscal, el exdirectivo del Grupo Nule tuvo la absoluta disponibilidad de los recursos girados en la cuenta corriente de la Unión Temporal, y los gastó libremente dentro de los 17 días siguientes a la fecha del depósito, según lo evidencian los extractos bancarios expedidos por Bancolombia, sin que los recursos llegaran nunca a las obras contratadas.

Así lo pudo establecer la Contraloría, que en su fallo dispuso que Galofre Amín fue quien “como representante legal de la UT, suscribió el contrato 1400 de 2009, abrió en Bancolombia S.A., la cuenta corriente (…) a nombre de la Unión Temporal Sabaneta, a la que se desembolsaron los dineros del anticipo y posteriormente los retiró, pero no cumplió con lo pactado en el contrato, por lo que no fue amortizado y a la fecha no los ha devuelto al Departamento del Cesar.”

El máximo organismo de control fiscal afirmó igualmente que por los recursos públicos entregados como anticipo al contratista, el departamento del Cesar “no recibió contraprestación alguna, en razón a que el objeto contratado no fue ejecutado por el contratista, como tampoco fue devuelto el valor del anticipo, como consecuencia de la conducta desplegada a título de culpa grave por el señor Galofre Amín”.

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Suspenso en la Gobernación del Cesar: Empleados de planta habrían sido enlace en ‘carrusel de la contratación’

Valledupar 

La tensión se ha apoderado de las jornadas laborales en la Gobernación del Cesar, luego de que el polémico empresario Mauricio Galofre Amín anunciara que entregará, de manera detallada, el listado de las personas que contribuyeron con su llegada al departamento, en el marco de lo que las autoridades nacionales determinaron el ‘carrusel de la contratación’.

Las sectoriales de Infraestructura y Hacienda contarían con personal de planta que durante la administración del entonces gobernador Cristian Moreno Panezzo permitieron que Galofre Amín se hiciera dueño de un proyecto para construir dos tramos viales en el centro del Cesar, por un valor superior a los cuatro mil millones de pesos (4.760).

El empresario anunció que devolverá el dinero producto del anticipo, correspondiente a 1.125 millones de pesos (25% sobre el valor del contrato) y sentenció que en agosto, cuando la justicia, a través de la Fiscalía General de la Nación, vuelva a escuchar sus testimonios en Barranquilla, entregará la información de sus aliados.

Cacica Noticias pudo conocer de fuentes de entero crédito que algunos de los funcionarios que resultarán vinculados por Mauricio Galofre Amín siguen laborando para la Gobernación. Otras fuentes advierten que también saldrían salpicados diputados de la época, quienes habrían ocupado la tarea de recibir coimas por la adjudicación de la obra.

Este polémico contrato debía ejecutarlo la Unión Temporal Sabaneta. Aquí figuraba como socio Mauricio Galofre, a través de una empresa suya, y la firma Mainco, que de manera posterior aseguró que nunca hubo tal sociedad. La unión temporal era de papel. 

Puede escuchar audio aquí:

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Diputado Casadiegos prendió el debate sobre la vía a Pueblo Bello

Valledupar.-

En el marco del debate de control político realizado ayer jueves en la asamblea departamental a la cuestionada obra de la vía El Zanjón – Pueblo Bello, el diputado de Cambio Radical, Julio Casadiegos, denunció que el contratista de dicha vía tiene vínculos con el carrusel de contratación de Bogotá, lo que explicaría, en parte, los reiterados incumplimientos y atrasos en el cronograma de la obra.

Cabe recordar que el contratista es un consorcio denominado Consorcio Pueblo Bello, el cual está integrado por las firmas ODEKA S.A.S., con el 45%, ANGEL RINCON BARON & CIA LTDAç. con el 30% y R&R INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. con el 25%.

De acuerdo con el diputado Casadiegos, ODEKA S.A.S., la firma con la mayor participación en el contrato, funcionaba antes bajo la razón social SUAREZ & SILVA LTDA., y como tal hizo parte de la Unión Temporal (UT) Transporte Ambulatorio Bogotá,  a la cual se le adjudicó el controvertido contrato para la prestación de servicios de ambulancias al Distrito Capital, por valor de 67.203 millones de pesos, en la administración del detenido alcalde Samuel Moreno Rojas. Por este contrato, fue condenado a 13 años de prisión el exsecretario distrital de Salud, Héctor Zambrano, quien confesó a la Fiscalía que repartió entre los hermanos Moreno Rojas y funcionarios y concejales del Distrito una ‘mordida’ de 5.180 millones de pesos, del contrato de alquiler de ambulancias que adjudicó en el 2007. (Ver nota “Los bienes ocultos de Zambrano, funcionario 'estrella' del Distrito”)

Casadiegos hizo una fuerte advertencia a la administración departamental representada en el secretario de Infraestructura, Omar Vega, al afirmar que la gobernación debe tener cuidado con este contratista por cuanto en todos los procesos en donde ha estado inmersa la firma Odeka S.A.S. (antes Suárez & Silva Ltda.) ha tenido inconvenientes por retrasos y desfinanciamiento, y señaló que en el departamento no puede permitirse que se diga que la firma está haciendo lo mismo que hizo en Bogotá, es decir, que paga coimas y sobornos a la gobernación para que se le adjudiquen los contratos.

Por su parte, el secretario Omar Maestre le ripostó a Casadiegos que si tenía pruebas de pagos de sobornos en la gobernación del Cesar que hiciera la denuncia o si no él acudiría a los estrados judiciales para defender su buen nombre como funcionario. 

Este medio pudo verificar que, en su momento, los dos socios principales de la firma Suárez & Silva Ltda., eran Juan Carlos Aldana Aldana y Wilson Bula Ramos, ambos de Sahagún, Córdoba, y con comprobados vínculos con el confeso delincuente y cerebro del carrusel Emilio Tapia Aldana, cuyo principal testaferro es su primo Jesús David Sierra Aldana, muy reconocido en los círculos sociales de Valledupar. (Ver nota “Los testaferros del zar”)

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