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Suspenso en la Gobernación del Cesar: Empleados de planta habrían sido enlace en ‘carrusel de la contratación’

Valledupar 

La tensión se ha apoderado de las jornadas laborales en la Gobernación del Cesar, luego de que el polémico empresario Mauricio Galofre Amín anunciara que entregará, de manera detallada, el listado de las personas que contribuyeron con su llegada al departamento, en el marco de lo que las autoridades nacionales determinaron el ‘carrusel de la contratación’.

Las sectoriales de Infraestructura y Hacienda contarían con personal de planta que durante la administración del entonces gobernador Cristian Moreno Panezzo permitieron que Galofre Amín se hiciera dueño de un proyecto para construir dos tramos viales en el centro del Cesar, por un valor superior a los cuatro mil millones de pesos (4.760).

El empresario anunció que devolverá el dinero producto del anticipo, correspondiente a 1.125 millones de pesos (25% sobre el valor del contrato) y sentenció que en agosto, cuando la justicia, a través de la Fiscalía General de la Nación, vuelva a escuchar sus testimonios en Barranquilla, entregará la información de sus aliados.

Cacica Noticias pudo conocer de fuentes de entero crédito que algunos de los funcionarios que resultarán vinculados por Mauricio Galofre Amín siguen laborando para la Gobernación. Otras fuentes advierten que también saldrían salpicados diputados de la época, quienes habrían ocupado la tarea de recibir coimas por la adjudicación de la obra.

Este polémico contrato debía ejecutarlo la Unión Temporal Sabaneta. Aquí figuraba como socio Mauricio Galofre, a través de una empresa suya, y la firma Mainco, que de manera posterior aseguró que nunca hubo tal sociedad. La unión temporal era de papel. 

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Diputado Casadiegos prendió el debate sobre la vía a Pueblo Bello

Valledupar.-

En el marco del debate de control político realizado ayer jueves en la asamblea departamental a la cuestionada obra de la vía El Zanjón – Pueblo Bello, el diputado de Cambio Radical, Julio Casadiegos, denunció que el contratista de dicha vía tiene vínculos con el carrusel de contratación de Bogotá, lo que explicaría, en parte, los reiterados incumplimientos y atrasos en el cronograma de la obra.

Cabe recordar que el contratista es un consorcio denominado Consorcio Pueblo Bello, el cual está integrado por las firmas ODEKA S.A.S., con el 45%, ANGEL RINCON BARON & CIA LTDAç. con el 30% y R&R INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. con el 25%.

De acuerdo con el diputado Casadiegos, ODEKA S.A.S., la firma con la mayor participación en el contrato, funcionaba antes bajo la razón social SUAREZ & SILVA LTDA., y como tal hizo parte de la Unión Temporal (UT) Transporte Ambulatorio Bogotá,  a la cual se le adjudicó el controvertido contrato para la prestación de servicios de ambulancias al Distrito Capital, por valor de 67.203 millones de pesos, en la administración del detenido alcalde Samuel Moreno Rojas. Por este contrato, fue condenado a 13 años de prisión el exsecretario distrital de Salud, Héctor Zambrano, quien confesó a la Fiscalía que repartió entre los hermanos Moreno Rojas y funcionarios y concejales del Distrito una ‘mordida’ de 5.180 millones de pesos, del contrato de alquiler de ambulancias que adjudicó en el 2007. (Ver nota “Los bienes ocultos de Zambrano, funcionario 'estrella' del Distrito”)

Casadiegos hizo una fuerte advertencia a la administración departamental representada en el secretario de Infraestructura, Omar Vega, al afirmar que la gobernación debe tener cuidado con este contratista por cuanto en todos los procesos en donde ha estado inmersa la firma Odeka S.A.S. (antes Suárez & Silva Ltda.) ha tenido inconvenientes por retrasos y desfinanciamiento, y señaló que en el departamento no puede permitirse que se diga que la firma está haciendo lo mismo que hizo en Bogotá, es decir, que paga coimas y sobornos a la gobernación para que se le adjudiquen los contratos.

Por su parte, el secretario Omar Maestre le ripostó a Casadiegos que si tenía pruebas de pagos de sobornos en la gobernación del Cesar que hiciera la denuncia o si no él acudiría a los estrados judiciales para defender su buen nombre como funcionario. 

Este medio pudo verificar que, en su momento, los dos socios principales de la firma Suárez & Silva Ltda., eran Juan Carlos Aldana Aldana y Wilson Bula Ramos, ambos de Sahagún, Córdoba, y con comprobados vínculos con el confeso delincuente y cerebro del carrusel Emilio Tapia Aldana, cuyo principal testaferro es su primo Jesús David Sierra Aldana, muy reconocido en los círculos sociales de Valledupar. (Ver nota “Los testaferros del zar”)

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