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Procuraduría General formuló cargos contra el exalcalde Socarrás por contrato Springer

Bogotá 

El contrato con una periodista metió en problemas al exalcalde de Valledupar Fredys Miguel Socarrás Reales y a otros 3 funcionarios de su administración, según las investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la Nación.

El Ministerio Público verifica si se dieron irregularidades al suscribir el contrato 552 de 2015 por $1.400.000 entre el Municipio de Valledupar y la firma Springer Von Schwarzenberger Consulting Services S.A.S. (SVSCS), con el objeto de desarrollar el proyecto ‘Formación de cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz en el municipio de Valledupar’.

Además del exalcalde Socarrás Reales, la Procuraduría indaga sobre el comportamiento de Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, exsecretaria General; Carlos Mario Céspedes Torres, exsecretario de Gobierno; y Mery María Romero Mestre, exjefe de la Oficina Jurídica.

 

La actuación de cada uno

El expediente de la Procuraduría General de la Nación muestra que a Fredys Socarrás se le investiga por omitir la vigilancia y control sobre la función delegada en la secretaria General, en el marco del citado contrato y su conducta se calificó hasta este momento como gravísima a título de culpa grave.  

En el cargo formulado a Lisbeth Lorena Gaitán Mateus se le reprocha el, presuntamente, haber certificado que la empresa SVSCS era idónea para desarrollar el proyecto de formación de gestores de paz, sin serlo; y celebrar en forma directa el contrato 552/15 con Natalia Springer, su representante legal, eludiendo el principio de transparencia porque, al parecer, no agotó el procedimiento previo para la selección objetiva del contratista.

En esta etapa del proceso la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública calificó su falta como gravísima a título de culpa gravísima.

La primera de las dos faltas que se le endilgan a Carlos Mario Céspedes Torres, quien fue objeto de dos imputaciones consistió en certificar que la empresa SVSCS era idónea para desarrollar el objeto contractual, cuando existían elementos que no lo evidenciaban y elaborar unos estudios de mercado sustentados en las cotizaciones presentadas en abril de 2015 por SVSCS, firma que presentó otra cotización seis meses antes de ser requerida, y Bimedia Studio, sin vincular entidades que por su perfil se adecuaban a las necesidades que originaron el proceso contractual en el municipio y recomendar la celebración directa de un contrato de prestación de servicios profesionales.

En segundo lugar se le cuestiona al exsecretario de Gobierno de Valledupar y supervisor del citado contrato, el no exigir la calidad de los servicios adquiridos por la entidad estatal, pese a las evidentes diferencias numéricas de los asistentes, al eventual sobrecupo en el auditorio donde se llevaron a cabo las capacitaciones, a las fechas en las que se dice fue alquilado el recinto y a la falta de informe sobre las algunas obligaciones contenidas en el contrato.

Las conductas del entonces secretario de Gobierno fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo y de culpa gravísima, respectivamente.

A Mery María Romero Mestre se le investiga porque, al parecer, no asesoró a la administración municipal sobre el procedimiento contractual que debía seguirse para la selección del contratista, lo cual condujo a la suscripción directa del mencionado contrato de prestación de servicios.

Su falta se calificó en esta etapa como grave cometida con culpa grave, teniendo en cuenta que situaciones como la presentada generan una imagen negativa a la administración y generan desconfianza de los ciudadanos, poniendo en entredicho la buena fe con que deben actuar todos los servidores del Estado.

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Tras protesta, Alcaldía de Valledupar realizará mejoras locativas en el Centro de Víctimas

A las 10:00 de la mañana de este martes, fueron reanudados los servicios del Centro de Víctimas, los cuales habían sido cerrados como protesta por parte de los mismos empleados.

Con pancartas anunciando un ¡no más!, los funcionarios de esta entidad adscrita a la Alcaldía de Valledupar y que presta atención a ciudadanos de la Unidad Nacional de Víctimas, decidieron cerrar las puerta y no atender a los usuarios, argumentando malas condiciones para laborar, tales como falta de aseadoras, aires y batería sanitaria en mal estado.

Atendiendo esta situación, el secretario de Obras Públicas, Juan Pablo Morón Riveira, en representación del alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía, se reunió con trabajadores, la coordinadora del Centro de Víctimas y el gerente de Milenium (empresa operadora), con quiénes dialogó sobre las condiciones locativas de la entidad.

Luego de escuchar a los funcionarios, Moron Riveira, dio a conocer que desde la Secretaría de Gobierno Municipal, ya se viene trabajando en un proyecto completo que incluya soluciones estructurales, pero mientras esto ocurre, se comprometió solucionar el tema de aseadoras y la realización de mantenimiento a las baterías sanitarias y el sistema de aires acondicionados.

Esta problemática se viene registrando hace varios años, por esta razón el gobierno local, asegura que tiene proyectada una intervención general que signifique el servicio en este centro que atiende un aproximado de 700 personas diariamente.

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Exalcalde de Valledupar fue condenado a 24 meses de prisión, por peculado

Valledupar 

Por hechos registrados en 2010, el alcalde de Valledupar para esa época, el liberal Luis Fabián Fernández Maestre, fue condenado a 24 meses de prisión y cobijado con medida de aseguramiento.

La decisión la tomó en primera instancia el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar, luego de la acusación de la Fiscalía 12 Seccional por los delitos de peculado por aplicación diferente.

La génesis de este proceso está en hallazgos de la Contraloría, al realizar vigilancia a los recursos del Fondo de Seguridad Nacional y Convivencia Ciudadana, Fondocuenta, dado que se le señala que con esos dineros pagó la nómina de empleados.

La defensa de Luis Fabián Fernández apeló la decisión y el condenado profirió un pronunciamiento en sentido de desvirtuar las acusaciones. “Claramente señalo que no estuvo dentro de mis funciones como alcalde municipal la ordenación del gasto en el Fondo Cuenta, pues ello deriva de las obligaciones del comité de orden público. En este orden de ideas, quien tiene la obligación del manejo de las cuentas y de los fondos del municipio de Valledupar es el tesorero, no el alcalde, tal como lo estipula el decreto 000028 del 2006”, dijo.

En su defensa, el exalcalde sostiene que no fue su responsabilidad el manejo que se le dio al recurso, pero admitió que sí fue un funcionario en su gobierno. “No comparto el fallo porque el manual de funciones en la Administración Municipal enmarca la competencia y los deberes de cada uno de los funcionarios y no puede haber ningún tipo de ordenamiento por encima del manual de funciones. Cuando se dice que el Alcalde ordenó pagar con los recursos del Fondo Cuenta la nómina del municipio de Valledupar, pues debe procederse a mostrar el acto administrativo donde el alcalde hizo o tomó esa determinación. Pues simple es decirlo que no lo hay y no lo puede haber porque el ordenador del gasto en el fondo cuenta es el comité de orden público y no el alcalde”.

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Congresista denuncia a Gobernación del Cesar y Alcaldía de Valledupar ante Procuraduría y Contraloría

Bogotá 

El jueves, la congresista del Centro Democrático Tatiana Cabello Flórez dio a conocer las denuncias que instauró ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República en contra de la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, por aparentes sobrecostos en estrategias contra la migración ilegal.

La representante a la Cámara cita de manera puntual la supuesta reparación de una camioneta por un costo de $55 millones y un aporte para el control de migración durante el Festival de la Leyenda Vallenata de otros $15 millones.

Cabello Flórez sostiene que los rubros fueron suministrados por las mismas entidades territoriales, en respuesta a unos derechos de petición por ella enviados, previo a un debate de control político sobre el control migratorio.

La Gobernación del Cesar le habría respondido que “ha apoyado la gestión de Migración Colombia para la repatriación de ciudadanos venezolanos ilegales en el país, con transporte, reparación de vehículo por valor de 55.990.000.00 y así ayudar a disminuir el incremento de ciudadanos venezolanos, deambulando en nuestro Departamento”.

Por su parte, la Alcaldía de Valledupar habría dicho que “de igual manera se destinaron recursos de quince millones de pesos (15.000.000) para apoyar el cubrimiento del Festival Vallenato 2017, en temas de combustible, hospedaje y alimentación para los funcionarios que se desplazaran desde el nivel central y regional a realizar los controles respectivos en la entrada y salida de ciudadanos en calidad de extranjeros a la ciudad”.

 

Las objeciones de Cabello

Sobre las respuestas, la congresista Tatiana Cabello Flórez indica que ello “demuestran la ausencia de una articulación clara de los entes territoriales con el Gobierno Nacional para atender la crisis humanitaria –que va en aumento- de la migración de venezolanos al país” y conceptuó sobre lo que se hace en las regiones que “se hacen por iniciativa propia y no bajo directrices claras del Ejecutivo central”.

Ella destacó que departamentos como Atlántico, Boyacá, Magdalena; y ciudades como Cartagena y Cúcuta “han adelantado medidas para atender la situación, pero son con iniciativas propias y no con una guía del Gobierno”.

Al tiempo, la congresista criticó a los departamentos de Arauca y La Guajira, “que siendo regiones de frontera ni siquiera respondieron los derechos de petición para el debate, lo que demuestra que ni siquiera improvisan”.

Para el caso de Bogotá llamó la atención sobre la ausencia de respuestas, pese a que existen cifras que hablan que en la capital hay más de 400 mil venezolanos, cifra que ni siquiera la canciller María Ángela Holguín cree porque reconoce que los únicos datos que tienen son los de los siete controles fronterizos y que la línea es “muy porosa”.

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