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José Luis Bustos

José Luis Bustos (1)

UPC: ¿Rector sin corrector?

Por José Luis Bustos

En la Universidad Popular del Cesar, nuestra única casa de estudios de carácter público y de categoría nacional, están pasando cosas y no son buenas.

Hace algo así como un mes, el rector fue removido de su cargo por sentencia judicial y tomó posesión un nuevo miembro de la comunidad universitaria, quién desde ese mismo momento empezó a dar muestras claras  de que lo único predecible en esta nueva administración será justamente lo imprevisto, la declaración intempestiva y las decisiones  atrabiliarias.

De entrada, el nuevo rector anunció sin sonrojarse que se había valido de contactos políticos para llegar a la rectoría, concretamente con la casa Gnecco y el partido de la U. Esa declaración dejó un sinsabor en el ambiente, porque lo último que se espera de una casa de estudios es precisamente que se ponga al servicio de los políticos, ya que su función natural es producir conocimientos, no servir de estanque electoral para la pesca de votos. Aquí el rector se puso en evidencia muy a su estilo: De frente.

El nuevo rector, al dar esas desafortunadas declaraciones dejó muy claro que no llegó a la rectoría por servicios prestados a la Casa de Estudios, sino para prestar servicios a la Casa Gnecco y al Partido de la U. Ni más ni menos…

De inmediato,  despide al jefe de planeación de la universidad, y no es que no pueda trabajar con personas de su confianza, sino que la sacada del funcionario fue completamente irregular, porque viola los estatutos de la misma universidad que establecen que ese y otros cargos de responsabilidad deben ser promovidos o removidos previo concepto del Consejo Superior y eso, simplemente no se hizo.

En psicopatología para establecer la esquizofrenia, se observa como característica la Conducta Bizarra que es aquella que se emite sin cálculo de consecuencias, concepto completamente aplicable a la administración pública: si un administrador toma decisiones unilaterales e inopinadas, debe tener claro que eso tendrá consecuencias, negativas o positivas, pero de que las tendrá, las tendrá y en la UPC ha habido una seguidilla de rectores que terminan haciéndola perder pleitos por cuenta de estas arbitrariedades que suman hasta hoy más de $14 mil millones y después son demandados por la misma en acción de repetición, palabra interesante que revisaremos más adelante, pero que nunca le pagan a la universidad…

¿Puede alguien  ser el representante legal de una empresa que lo tiene bajo demanda? ¿Me demando, me defiendo, me absuelvo y/o me condeno?

Eso no es serio, pero esto es Valledupar y aquí cualquier cosa parece posible…

Y sí, lo fue.

Entre las cosas más bizarras de esta nueva era es que el rector designado está demandado por la misma universidad por acción de repetición (Ver copia del radicado) en el Cesar nadamos en el surrealismo. En el concepto del Procurador delegado ante la Corte Suprema, el hombre expresa su asombro porque el representante legal de la UPC es el demandante, y el demandado es al tiempo, el mismísimo rector, su representante legal. Alucinante.

El nuevo rector de manera sorpresiva, declaró tajantemente el siniestro de un contrato que se celebraría con una empresa local, sin un átimo de intención conciliadora.

Pues bien: Siniestrar un contrato implica para el contratista una serie de consecuencias que van desde lo disciplinario hasta lo penal, pasando por lo fiscal.

¿Que se hizo mal, aparte de absolutamente todo?

Para empezar, hay que decir que un siniestro debe pasar por la notificación de las partes y  aunque la disposición normativa establece que la notificación de su incumplimiento al entender por interesado solamente al contratista, no puede olvidarse que el Asegurador está íntimamente relacionado a las obligaciones que afianza, y especialmente a sus consecuencias jurídicas y económicas… A este asegurador ni por las redes le avisaron, y  todo esto rinde mérito ejecutivo.

De modo que la cosa arrancó mal, muy mal…

Cuando a una empresa le declaran el siniestro, esa declaración es también su acta de defunción, así que actuaciones como esta deben tomarse con la cabeza muy fría y calculando muy bien las consecuencias de la acción; hacer otra cosa es entrar en la locura administrativa. Desde luego, esa empresa va a demandar, va a ganar el pleito y eso le costará muchísimos millones a la universidad, es decir, a todos nosotros…

Hay más: la siniestrada es una empresa vallenata que tiene más de 24  años de existencia, que nunca ha sido investigada ni siquiera preliminarmente y este acto de siniestro conlleva la quiebra financiera de un empresario vallenato, que entre otras cosas ha dado El primer empleo a unos 85 egresados de la UPC  y que cuenta en su nómina actual  7 profesionales egresados de la misma: en otras palabras se le asestó una puñalada mortal a una empresa aliada de  la universidad, y no se está hablando de 20 pesos sino de un contrato de más de $700 millones…

La ley 30 le da funciones al Consejo Superior, que a su vez, delega un rector y le asigna sus funciones, así las cosas, el rector es un contenido y el CSU es su continente. Este rector invirtió el orden natural de las cosas y por la vía de remoción del cargo de decano que ocupaba, tumbó la silla del representante de los administrativos, que llegó allí por votos,  para promover al que le seguía en la lista. Bueno, eso tampoco lo podía hacer pero él lo hizo: Otro pleito que la UPC va a perder.

Hasta aquí solo van 4 perlas conocidas, pero en la UPC están pasando muchas cosas y las consecuencias van a ser penales, disciplinarias y fiscales. Vendrá un aguacero de demandas y la universidad las va a perder todas: ¿Cómo se hace un siniestro a partir de un concepto jurídico espurio?  Pareciera que el carné de abogado de quién asesoró esta decisión fuese una bandera pirata navegando en los mares del derecho, porque el argumento central es que la empresa no se acercó a firmar el contrato, que entre otras cosas ni siquiera parece haber sido impreso. Como si fuera poco, para el caso de la universidad esto es de locos: Entiendo que solo las entidades territoriales y las empresas que se rigen por la ley 80 pueden siniestrar un contrato: de ser así, la UPC  que se rige por la ley 30, no solo no debía, era que tampoco podía hacerlo.

El tinte de arbitrariedades que están sucediendo al interior de la universidad me hizo recordar el caso de Incitatus,   el caballo favorito de Calígula cuyo amor por su equino fue tan demencial, que no dudó en nombrarlo cónsul  de Roma, aunque Suetonio dice que quizá no fue la demencia la que lo llevó a tal exceso, sino la ironía que denotaría para la historia el desprecio de Calígula hacia las instituciones públicas del Imperio[1].

Así las cosas, la UPC pareciera estar hoy en las manos de alguien que o no hace cálculo de consecuencias para sus actos administrativos o es una persona que siente como el emperador de Roma un sarcástico desprecio hacia la institución y sus estatutos.              

La universidad va de nuevo camino a la intervención por parte del estado, no olvidemos que así la recibió el rector saliente, que aunque me parece un hombre muy tibio para las decisiones de fondo, por lo menos administró de tal manera que recuperó la autonomía de la UPC. Y ya casi que es deseable que esa intervención llegue nuevamente, porque lo que más le reconozco al rector saliente es que mantuvo la universidad fuera del alcance de la voracidad de los políticos, lo que a la larga le costó el puesto…

…Y lo que más me aterra del actual es que desde su misma posesión, se las puso a sus pies con un jugoso número que atrae más que su propio presupuesto: Más de 20.000 estudiantes, un verdadero estanque electoral.

De cualquier forma, ojalá no se le dé por nombrar de vicerrector académico a su equino favorito.

 

Twitter: @jlreales



[1] Suetonio. Las vidas de los doce césares, Calígula LV.

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