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Tras sanción por irregularidades en el PAE se conocen reemplazos

Este fin de semana se conocieron los nombres de los dos reemplazos en la Gobernación del Cesar, a raíz del escándalo por las irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, durante el gobierno de Luis Alberto Monsalvo Gnecco.

Los secretarios de Educación y General, Jorge Eliécer Araújo y Jaime Fuentes, fueron destituidos e inhabilitados para contratar con el estado y ejercer cargos públicos hasta el 2023, de acuerdo al fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República.

Es por eso que el actual gobernador Francisco Ovalle nombró mediante decreto 262 al abogado Luis José Rodríguez Torres, quien venía trabajando para la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos, como nuevo secretario de Educación.

A la Secretaría General llega por decreto 263, la abogada Lorena Hernández Dangond, quien antes se desempeñaba en la sectorial de hacienda.

El contrato  del PAE en cuestión fue firmado el 15 de enero de 2015 por la Gobernación del Cesar, con el Consorcio conformado por la Fundación Kábala por un  valor inicial de $23.538 millones  que luego subió por un reconocimiento al contratista quien recibió tanto el 4,4% por concepto de IPC, como un 5% por concepto de imprevistos. Lo que vio la Contraloría es que se duplicó la suma contemplada como utilidad del mismo.

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En Valledupar reaccionaron por cambios en subsidios de gas y energía

Este domingo se conoció  por parte del senador  Mauricio Gómez Amín que quitarán los subsidios de energía y gas para los ciudadanos que vivan en estrato tres.

De acuerdo con el congresista, la financiación de ese beneficio no está contemplada en la versión inicial de la regionalización planteada en el Presupuesto General de la Nación para el 2019.

Según Gómez, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, le confirmó esa noticia, y además que poco a poco irán quitando los mismos para los estratos 1 y 2.

Por supuesto, las reacciones en el Cesar no se hicieron esperar. 

Por la comunidad, líderes no están de acuerdo porque esto golpea el bolsillo de los usuarios que ganan pocos recursos.

"Lo delicado de esta propuesta, es que afectaría el consumo y golpea la estabilidad de la clase media porque sugiere un aumento en las tarifas. Lo importante en esto, es que está contenido en un proyecto de presupuesto, lo que implica que debe ser discutido y aprobado por el congreso. Es ahí donde nuestros congresistas, particularmente los que integran las comisiones tercera y cuarta de senado y cámara, se deben comprometer a evitar que se apruebe así y por el contrario deben lograr incluir nuevamente este subsidio mientras se busca una alternativa para cumplir con la meta que tenemos de financiar la operación del estado”, dijo el excongresista Juan Manuel Campo.

Las tarifas tanto de energia como gas, aumentarían en un 70%.

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